
El 24 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que hace obligatorio el uso de la factura electrónica entre empresas y profesionales (B2B), con el objetivo de reducir la morosidad, digitalizar los procesos y mejorar la eficiencia administrativa. España arrastra uno de los periodos medios de pago más elevados de Europa, alrededor de 80 días, muy por encima del límite legal de 60, lo que frena especialmente a pymes y autónomos.
La norma establece que la factura electrónica deberá ser un fichero estructurado, apto para lectura automatizada, dejando atrás formatos tradicionales como papel o PDF. Esto permitirá integrar automáticamente la información en los programas contables, reduciendo errores y costes administrativos. Sectores como automoción o gran consumo ya han demostrado la eficiencia de este sistema generando ahorros millonarios.
Las empresas podrán elegir entre:
Además, será obligatorio informar del estado de cada factura: aceptación, rechazo y fecha de pago efectivo.
Los plazos de adaptación comenzarán cuando se publique la Orden Ministerial, prevista antes del 1 de julio de 2026.
El Gobierno busca facilitar la adopción progresiva, especialmente para las pymes.
España gestiona ya más de 500 millones de facturas electrónicas anuales, con un ahorro estimado de 2.700 millones de euros. Con una adopción plena similar a Italia, el impacto podría superar los 8.000 millones. La mejora en liquidez será clave para pymes, que hoy sufren especialmente los retrasos en pagos.
Aunque su desarrollo coincide en el tiempo, Verifactu tiene un objetivo distinto: evitar el fraude fiscal y garantizar la integridad de los sistemas de facturación. Ambos sistemas son complementarios y convivirán en el nuevo ecosistema digital.